El Gobierno planea eliminar el monotributo, subir cargas a autónomos y crear fondo de despidos para bajar costos patronales

El Gobierno nacional evalúa una ambiciosa y reservada reforma laboral que introduce modificaciones profundas en el esquema tributario y de seguridad social, con el objetivo de reducir la informalidad laboral que alcanza el 50,6% de los puestos de trabajo y compensar la caída reciente en la recaudación fiscal. Tras el éxito en las elecciones legislativas, la administración de Javier Milei acelera esta segunda etapa de flexibilización, que busca equilibrar una aparente desgravación para los empleadores con un mayor número de contribuyentes formales, sin menoscabar los ingresos del Estado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en las últimas horas sus ideas al sector privado con el fin de "formalizar" el empleo, incorporando aportes de las principales entidades empresarias del Grupo de los Seis y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), así como opiniones de despachos jurídicos de renombre. Estos insumos se reflejan en un borrador confidencial titulado "Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional", según lo consignado por el diario Clarín. El texto sugiere alteraciones en la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley de Seguridad Social, una iniciativa que expertos en derecho laboral ven como un "globo de ensayo" del Ejecutivo, vigente al menos hasta el 15 de diciembre, fecha en que concluyen las cláusulas de secreto firmadas por los integrantes del Consejo de Mayo.

Desde el arranque de la gestión mileísta, se implementó una inicial flexibilización laboral junto con alzas en las cuotas del monotributo y los autónomos. Sin embargo, la informalidad —tanto en trabajos "en negro" como en actividades por cuenta propia— no cedió y, de hecho, escaló, mientras que los ingresos fiscales reales se contrajeron en los meses recientes. Ahora, con este nuevo paquete, el Gobierno aspira a expandir la base tributaria mediante más asalariados y profesionales declarados, contrarrestando la desgravación aparente para las firmas.

El fin del monotributo y el salto de los autónomos

Una de las propuestas más disruptivas apunta a suprimir por completo el régimen del Monotributo, trasladando a sus adherentes al esquema de autónomos, una recomendación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsa desde hace tiempo con vistas a "blanquear" estas actividades. Bajo esta visión, los monotributistas migrarían del sistema simplificado al general —como responsables inscriptos—, obligados a abonar IVA y Ganancias una vez que excedan determinados topes de facturación.

"Derogan el régimen, pasás a ser autónomo y te van a compensar con mayores deducciones personales, y vas a tener que pedir la factura para poder deducir y eso blanquea la economía", explicó una fuente cercana a las deliberaciones. De acuerdo con cifras oficiales, el país cuenta con 2.159.000 monotributistas activos, aunque estimaciones de fuentes vinculadas a ARCA elevan esa cifra a 3.200.000 potenciales.

Para los autónomos, el plan contempla un ajuste significativo en las escalas contributivas. Actualmente, las cuotas oscilan entre $57.000 y $250.000 mensuales; se analiza elevarlas a un rango de $100.000 a $500.000, lo que representaría un alza del 100%. A cambio, se incorporarían deducciones por gastos personales, y para el IVA se establecería un piso mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo, es decir, $3 millones mensuales en facturación. Los datos oficiales registran 388.000 autónomos, que equivalen a cerca de un tercio de los profesionales independientes según proyecciones de ARCA.

En el Impuesto a las Ganancias, la estrategia es instituir un mínimo no imponible único, fijado en $1,7 millones para 2025 —equivalente a un salario promedio—, lo que implica una contracción del umbral actual de $2.843.180 brutos ($2.360.180 netos) para un soltero sin cargas de familia. Este ajuste, según cálculos del equipo económico, incorporaría "aproximadamente 3 millones de contribuyentes que tiene que presentar facturas", fomentando la emisión de comprobantes para deducciones.

"Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario”, afirmó Caputo en declaraciones recientes. Además, se prevé renombrar el tributo como "Impuesto sobre los Ingresos Personales", conservando la progresividad de alícuotas del 5% al 35%, sin deducciones por cuarta categoría ni cargas familiares. Las deducciones por gastos en alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, movilidad (excluyendo transporte público), seguros de vida y retiro se limitarían a $5 millones (frente a los $4,2 millones vigentes), con comprobantes fiscales; en tanto, no habría topes para aportes a PAMI, obra social, ANSES y personal doméstico.

Actualmente, el impuesto recae sobre 737.584 individuos, de los cuales 640.837 son asalariados (86%) y 96.747 jubilados o pensionados (14%). En ARCA, se destaca el interés por potenciar la recaudación mediante incentivos para solicitar facturas en compras deducibles.

Nuevo esquema para el empleo formal

Para las empresas con personal en relación de dependencia, se diseña un régimen innovador que recorta las contribuciones y aportes, con bonificaciones extras para "nuevas relaciones laborales" —como quienes llevan seis meses desocupados o ex monotributistas—. De este modo, las cargas patronales descenderían del 25,5% al 22%, y los aportes de los empleados, del 17% al 14%; en contrataciones nuevas, las rebajas llegarían al 17% para empleadores y 13% para trabajadores.

Caputo, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsan la adopción del Fondo de Despidos —reglamentado en septiembre, pero resistido por el sector privado—, que busca suplantar la indemnización por despido sin causa de la Ley de Contrato de Trabajo. El modelo se inspira en el de la Unión Obrera de la Construcción de la República (UOCRA), donde el empleador aporta mensualmente un porcentaje de la remuneración a un fondo de capitalización privada para cubrir eventuales ceses.

Por caso, al contratar a un nuevo empleado, se suprimiría el 16% a ANSES, la obra social bajaría del 6% al 4%, PAMI se mantendría en 2% y se agregaría un 3% al Fondo de Cese Laboral, totalizando un 17% en cargas. Para los trabajadores, persistirían el 11% a ANSES y el 3% a PAMI, mientras que el 3% a obra social sería opcional.

En sintonía con el documento reservado, Caputo declaró este miércoles en la Bolsa de Comercio: "analizaba 'bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por el fondo de cese obligatorio, de manera que sea mucho más fácil para las compañías lidiar con un despido y la litigiosidad'".

Históricamente, desde 1993 las contribuciones patronales se redujeron del 33% a entre 20% y 25% según el rubro, gracias a sucesivas reformas. No obstante, la informalidad en el empleo asalariado creció del 32,7% al 37,7% actual, un desafío que esta propuesta pretende revertir mediante mayor formalización y menor litigiosidad.